VALLENAR.- Un reciente informe emitido por la Contraloría General de la República reveló que entre los años 2023 y 2024, más de 25 mil funcionarios públicos o pertenecientes a entidades que ejercen funciones públicas a nivel nacional habrían incumplido el reposo médico indicado en sus licencias, realizando viajes fuera del país durante esos mismos períodos. La situación también involucra a trabajadores de la provincia del Huasco, donde instituciones como las municipalidades de Vallenar y Huasco, además del Servicio Local de Educación Pública (SLEP Huasco), figuran en el informe del ente fiscalizador.
La Contraloría llegó a esta conclusión tras cruzar los registros de emisión de licencias médicas con las salidas del país registradas por la Policía de Investigaciones (PDI). Así, detectó inconsistencias entre las fechas de reposo médico y los movimientos migratorios de miles de funcionarios. Esta práctica, que constituiría un eventual fraude al sistema de salud, generó la inmediata reacción de las instituciones involucradas y motivó la apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público.
Vallenar: siete funcionarios involucrados, seis aún en funciones
En el caso de la Municipalidad de Vallenar, el informe de Contraloría identificó a siete funcionarios que habrían incurrido en esta práctica, acumulando en total 21 licencias médicas. Seis de ellos pertenecen al área de Atención Primaria de Salud (APS), mientras que otro funcionario ya se encuentra jubilado. Además, uno de los involucrados ya no se desempeña en la institución, pero prestó servicios durante el período investigado.
Desde el municipio, señalaron que repudian y rechazan categóricamente estos actos, los cuales consideran una grave falta a la fe pública. “Reafirmamos nuestro compromiso con la ética, la probidad y el respeto a la ley. Adoptaremos todas las medidas administrativas y legales para evitar que hechos como estos se repitan”, indicaron en una declaración pública.
Respecto a los funcionarios involucrados, se detalló que uno de ellos –un médico extranjero que trabaja en un CESFAM local– habría presentado 10 licencias médicas en el período investigado. El resto corresponde a otro médico, una nutricionista, un tecnólogo médico y una químico farmacéutico. Además, dos exfuncionarios (un técnico paramédico y un veterinario) también aparecen en el informe, aunque ya no se encuentran en funciones. No obstante, el municipio indicó que se les exigirá la devolución de los montos percibidos indebidamente, ya que no corresponde iniciar sumarios disciplinarios por su calidad de exfuncionarios.
Entre los destinos de los viajes realizados durante los períodos de licencia, se mencionan países como Brasil, Uruguay y Colombia.
Municipio de Huasco: dos funcionarios bajo investigación
Aunque no fue mencionado directamente en el listado entregado por Contraloría, el Municipio de Huasco reconoció a través de sus redes sociales la existencia de dos funcionarios involucrados en esta práctica. Uno de ellos pertenece a la Atención Primaria, mientras que del segundo no se entregaron mayores antecedentes.
“El municipio ejercerá todas las acciones legales y administrativas necesarias para esclarecer los hechos y sancionar las eventuales faltas a la normativa vigente”, señalaron. Asimismo, advirtieron que el caso podría tener un alcance mayor si Contraloría decide ampliar la investigación.
SLEP Huasco: una docente implicada
En el caso del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Huasco, se identificó a una docente que habría hecho uso indebido de su licencia médica para salir del país. Desde la institución señalaron que dicha funcionaria no fue renovada para el período 2025, debido al alto número de licencias médicas presentadas durante 2024.
«Condenamos categóricamente el mal uso de las licencias médicas. Estas prácticas vulneran la fe pública y afectan al sistema de seguridad social. Tomaremos las medidas disciplinarias correspondientes para determinar responsabilidades», afirmaron desde la entidad.
Fiscalía abre investigación nacional
Dada la magnitud de las irregularidades detectadas, el Fiscal Nacional Ángel Valencia anunció la apertura de una investigación de oficio, la cual quedó a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Esta indagatoria busca determinar posibles responsabilidades penales por fraude al sistema de salud y al fisco, considerando que se trata de recursos públicos destinados a la protección de la salud de los trabajadores y no a fines personales como viajes al extranjero.
Este caso sigue en desarrollo, y se espera que durante los próximos días se inicien los procesos administrativos y sancionatorios pertinentes en cada institución afectada.
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