Autoridades Visitan el Sitio Afectado por la Destrucción de Patrimonio Arqueológico en Vallenar y Comunidades Realizan Nueva Ceremonia Diaguita

En el marco de una creciente preocupación por la protección del patrimonio arqueológico, las comunidades diaguitas del sector de Vallenar se reunieron en una nueva ceremonia en el lugar afectado por la destrucción de vestigios arqueológicos de gran valor histórico. Esta ceremonia tuvo lugar en el sector cercano a la escuela Edmundo Quezada Araya EQA, donde recientemente se llevaron a cabo trabajos de demolición que afectaron directamente a petroglifos de gran relevancia cultural. Estos trabajos fueron realizados por una empresa constructora mandatada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), lo que generó una profunda preocupación entre las comunidades locales.

La problemática salió a la luz tras la denuncia pública realizada por las comunidades afectadas, la cual fue ampliamente cubierta por medios de comunicación locales y regionales. Posteriormente, las comunidades interpusieron una denuncia formal ante la Oficina de Monumentos Nacionales, lo que movilizó a las autoridades competentes.

Durante la mañana, los expertos realizaron un primer recorrido por el lugar, confirmando lo que las comunidades habían denunciado: la existencia de vestigios arqueológicos, específicamente petroglifos, que fueron dañados por las actividades de construcción.

En este contexto, Catisis Lobos Alcota, comentó: “Hoy hemos estado en un diálogo con las comunidades que levantaron una alerta en este sitio. Hemos venido a responder los requerimientos de las comunidades, con el equipo del SERPAT, que incorpora un arquitecto, un paleontólogo y un arqueólogo, quienes visitaron el terreno y encontraron algunos hallazgos arqueológicos.”

Lobos también destacó los pasos a seguir, mencionando que: “Hablamos sobre los procesos que hay que realizar para poder determinar qué medidas tomar. Se las haremos saber a la empresa, al mandante y a las comunidades que levantaron toda esta información. Hay una disposición del Servicio del Patrimonio para seguir conversando con ellos, integrar toda la información y, de ser necesario, realizar las visitas correspondientes al terreno para supervisar el resguardo del patrimonio”.

En cuanto a la situación, Don Leonel Madariaga, presidente de la comunidad diaguita Cachina Las Pintadas, expresó: “Hoy convocamos a las comunidades porque venían autoridades como la Seremi y profesionales a evaluar el sitio, un lugar donde estuvieron nuestros ancestros y donde se refleja nuestra cosmovisión. Nuestros ancestros hicieron muchos trabajos en este sector, y por ello decidimos convocar. No fuimos nunca escuchados, tal vez no fue la forma correcta, pero tampoco nos guiaron. Hoy estamos contentos porque escucharon nuestro mensaje, especialmente después de que denunciamos este hecho a la prensa. Lo que estamos haciendo hoy es para el pueblo diaguita. Queremos contar nuestra historia, y estamos pendientes de que no destruyan nuestro patrimonio.”

Don Leonel también señaló la urgencia de una respuesta para asegurar la preservación del sitio: “Deben realizar un estudio como corresponde, con los profesionales adecuados, y entregar un informe como debe ser. Son más de 500 petroglifos, y solo quedan poco más de 10. Nosotros queremos proteger este sitio.”

Además, expresó que la comunidad está buscando una mesa de trabajo con las autoridades competentes: “Queremos tener una mesa de trabajo con el SERVIU, con las autoridades locales. No sabemos por qué no estuvo presente el alcalde, si él es profesor de historia y debería conocer la importancia de lo que estamos viviendo”.

El presidente de la comunidad también agradeció a quienes los apoyaron durante este proceso: “Queremos agradecer a la gente que nos acompañó, a las comunidades, a don Jorge Cruz, a los hermanos de Copiapó, a los medios de comunicación. Hoy salimos tranquilos y quedamos en espera de respuestas”.

AUTORIDADES LOCALES

Sin embargo, durante la jornada, las comunidades echaron de menos la presencia de autoridades locales, del personal del Museo del Huasco y, especialmente, de representantes del SERVIU, quienes habían mandatado las obras en el lugar y deberían haber estado presentes para dar una respuesta directa sobre la situación y las medidas a seguir. La ausencia de estas instituciones dejó a las comunidades con una sensación de desamparo, al no recibir respuestas claras respecto a la responsabilidad de las partes involucradas en la ejecución de las obras y el daño al patrimonio.

Tras la inspección inicial, las autoridades presentes se comprometieron a generar un informe detallado sobre lo sucedido, aunque no se precisó una fecha para su entrega. A pesar de la relevancia del hallazgo y la preocupación de las comunidades, las autoridades no pudieron comprometerse a paralizar las obras de construcción en el sector, lo que dejó a las comunidades con una sensación de incertidumbre y temor ante la posibilidad de que los trabajos continúen causando daños irreparables al patrimonio cultural.

La presencia de los medios de comunicación en el lugar permitió abrir un espacio para el diálogo entre las autoridades y las comunidades. Durante este encuentro, los medios de comunicación pudieron realizar diversas preguntas sobre las medidas que se tomarían para proteger los vestigios arqueológicos y para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en relación con el patrimonio cultural.

TEMOR

Aunque las autoridades señalaron que darían prioridad al caso, la falta de un compromiso claro respecto a la paralización de las obras dejó a las comunidades con la sensación de que su patrimonio sigue en riesgo. Además, historiadores y recopiladores de información han señalado que muchos de los petroglifos que una vez estuvieron en la zona ya no existen, principalmente debido a los desarrollos urbanos que han afectado la ciudad, como la construcción de viviendas. Las comunidades han expresado de manera reiterada que no están en contra de la construcción de viviendas sociales, que son tan necesarias para muchas familias de la región. Sin embargo, han solicitado que se respeten las leyes de protección del patrimonio y que se aseguren medidas efectivas para la preservación de los vestigios arqueológicos.

LAS LEYES DE PROTECCIÓN

En cuanto a la legislación chilena, las comunidades hacen un llamado a que se cumpla lo establecido en la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales, que establece la protección del patrimonio arqueológico y cultural del país. Asimismo, invocan tratados internacionales como la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que obliga a los Estados a tomar medidas efectivas para la conservación de bienes culturales de relevancia global.

Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales (1980) establece que cualquier intervención en lugares de interés arqueológico debe contar con la autorización de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), hoy Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La ley también establece que las sanciones por daños al patrimonio arqueológico incluyen la obligación de restaurar o compensar el daño causado.

Convenio de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972) establece que los países signatarios deben velar por la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural y natural de valor universal. Esta convención promueve el compromiso de los Estados para evitar la destrucción o alteración de sitios de valor histórico y cultural.