Calama, Chile. La megaminería en el norte del país está dejando una huella tóxica no solo en los territorios, sino en los cuerpos de sus habitantes. Cáncer, alergias, enfermedades respiratorias y una creciente sensación de abandono son parte del drama que viven las comunidades que conviven con las llamadas zonas de sacrificio. Así lo denunciaron con fuerza alcaldes agrupados en la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile (Amunochi) durante su intervención ante la Comisión de Medio Ambiente del Congreso.
Cifras alarmantes, rostros invisibles
“Más de 500 mil personas esperan atención médica en el norte, muchas de ellas con patologías derivadas directamente de la contaminación”, aseguró Eliecer Chamorro, alcalde de Calama y presidente de Amunochi. En su comuna, al menos siete de cada diez personas desarrolla algún tipo de cáncer, especialmente pulmonar, y la mitad fallece por esta causa.
Investigaciones como las del Centro de Investigación Periodística CIPER han advertido hace años sobre los pasivos ambientales que ha dejado la megaminería en zonas como Calama, Tocopilla o Antofagasta. Suelos contaminados con arsénico, aguas subterráneas afectadas y aire cargado de partículas tóxicas. Y aunque los síntomas se multiplican, los diagnósticos oficiales son escasos. “Hay un ocultamiento evidente. No hay estudios serios, ni tamizajes masivos. La población enferma y muere en silencio”, lamentó un médico del Hospital Carlos Cisternas que pidió reserva de identidad.
Esto también ocurre en otras regiones: el caso de Atacama
Esta realidad no es exclusiva del extremo norte. También en la Región de Atacama, las consecuencias de la actividad extractiva y la permisividad estatal se sienten con fuerza. Existen zonas declaradas oficialmente por el propio Estado como Zonas de Sacrificio Ambiental, una denominación que, por sí sola, resulta inaceptable desde la ética y los derechos humanos: ¿en qué país del mundo se admite, con esas palabras, que existen territorios donde vivir implica exponerse a la enfermedad y a la muerte?
Comunidades como Huasco, Tierra Amarilla o sectores de Copiapó han sido reiteradamente denunciadas por su exposición a emisiones industriales, polvo de relaves, aguas contaminadas y otros impactos derivados de la minería metálica e instalaciones termoeléctricas. Pese a ello, no se aplican planes de descontaminación efectivos ni existe una vigilancia sanitaria activa.
Regulación hecha a la medida de las empresas
Mientras la salud de miles de personas se deteriora, la legislación ambiental chilena parece proteger más a los proyectos extractivos que a la ciudadanía. Las medidas compensatorias exigidas por ley recién comienzan a aplicarse en el año diez de operación, cuando la rentabilidad de las mineras ya está asegurada. “Las comunidades ya están enfermas cuando las empresas empiezan a compensar”, enfatizó Chamorro.
Además, las normas sobre metales pesados como el arsénico y el plomo están desactualizadas o simplemente no se cumplen. Según la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, se está revisando esta normativa y se trabaja en una red de monitoreo con participación ciudadana. Pero los avances son lentos, y la crisis no espera.
Desigualdad e injusticia ambiental
La alcaldesa de Caldera, Brunilda González, puso otro ejemplo de la desigualdad: una planta desaladora de Aguas CAP paga $64.000 anuales de patente industrial, mientras un pequeño comerciante local debe pagar $68.000 cada seis meses. “Las comunas del norte son el gran bolsillo fiscal del país, pero reciben migajas”, afirmó. En temporada alta, deben cubrir los servicios para más de 100 mil visitantes sin recursos adicionales.
Silencio estatal, voces que se alzan
El Gobierno ha reconocido, en palabras de la ministra Rojas, que “el país ha crecido a costa de algunas comunas”. Pero el diagnóstico ya no basta. Parlamentarios presentes en la sesión respaldaron la declaración de emergencia ambiental para Calama, aunque denunciaron que Codelco sigue sin cumplir medidas provisionales y mantiene pasivos ambientales sin remediar.
En tanto, algunos alcaldes han alzado la voz, aunque no siempre con el foco correcto. “A veces se prioriza que los recursos se van a Santiago, cuando lo urgente es que la gente se está enfermando y muriendo”, sostuvo la doctora Carolina Gómez, especialista en salud pública. “Es una crisis sanitaria sin nombre”.
Miradas desde fuera: Chile en los ojos del mundo
La situación de Chile no pasa desapercibida en el ámbito internacional. Informes de organizaciones como Human Rights Watch y el relator de la ONU sobre medio ambiente han advertido sobre la falta de protección a las comunidades expuestas a contaminación industrial. El país ha sido criticado por su débil fiscalización, su permisividad con las empresas mineras y la falta de justicia ambiental.
Chile tiene leyes ambientales, pero muchas carecen de dientes. Aún no se ratifica el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la justicia ambiental y la participación ciudadana. Y mientras se discute en Santiago, las comunidades del norte y del centro-norte respiran polvo, beben agua contaminada y ven morir a sus vecinos.
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