Miles de chilenos enfrentan millonarias multas sanitarias por COVID-19: una deuda social que exige revisión urgente
Cientos de ciudadanos denuncian haber sido notificados recientemente de sanciones millonarias cursadas durante la pandemia. La mayoría asegura que nunca fueron informados y ahora enfrentan embargos y descuentos automáticos.
En los últimos días, ha resurgido con fuerza una polémica que ha generado profunda inquietud en distintos rincones del país: se trata de las millonarias multas cursadas durante el periodo más estricto de la pandemia por COVID-19, las cuales están siendo cobradas en la actualidad, sin que muchos de los afectados hayan sido previamente notificados.
Según reportes emitidos por medios como el nuestro y otros nacionales, como T13, hay casos en los que personas han descubierto que adeudan más de cuatro millones de pesos por supuestas infracciones sanitarias, cometidas en los años 2020 y 2021. Lo alarmante, según relatan los afectados, es que nunca fueron formalmente informados, y que las notificaciones habrían sido enviadas a domicilios erróneos o ni siquiera despachadas.
Las consecuencias han sido inmediatas: embargos, retenciones de fondos y descuentos automáticos por parte de la Tesorería General de la República. Esto ha despertado una fuerte crítica desde diversos sectores sociales, quienes acusan que se trata de una medida injusta y desproporcionada, particularmente en un contexto económico que aún arrastra los efectos de la pandemia y donde muchas familias viven al límite de sus posibilidades.
Contexto y cuestionamientos legales
Expertos legales han señalado que, de comprobarse la falta de notificación adecuada, muchas de estas multas podrían ser impugnables. La Ley establece que los ciudadanos tienen derecho a ser informados de cualquier proceso sancionatorio, y que sin dicha notificación, el cobro podría considerarse improcedente.
A pesar de ello, quienes hoy descubren estas deudas enfrentan largos trámites y procesos judiciales para poder revertir los cobros, situación que dificulta especialmente a quienes no cuentan con asesoría jurídica ni recursos económicos para iniciar una defensa formal.
Un problema de justicia social
Desde distintas organizaciones sociales se ha levantado la alerta por lo que consideran una nueva carga sobre los sectores más empobrecidos del país. “Estamos viendo a trabajadores, adultos mayores, madres jefas de hogar y jóvenes endeudados que de un día para otro se pudieran enteran de que deben millones de pesos por algo que no recuerdan o que ni siquiera sabían que había sido sancionado”, señalan.
Si bien la autoridad sanitaria aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la posibilidad de una revisión masiva de estos casos, ya existen peticiones formales dirigidas al Gobierno para que se analice la legalidad y legitimidad de estos cobros, así como una eventual condonación o proceso de revisión justa, tomando en cuenta la fragilidad económica de gran parte de la población.
Conclusión
A medida que se conoce la magnitud del problema, la indignación ciudadana crece. Lo que comenzó como una medida sanitaria durante una emergencia global, hoy amenaza con convertirse en una deuda silenciosa que golpea con mayor dureza a quienes menos pueden defenderse. Una revisión urgente del tema, con criterios de equidad y justicia social, parece ser el camino necesario para evitar una crisis aún mayor.