La construcción del nuevo polideportivo de Tierra Amarilla, una obra emblemática para el desarrollo deportivo de la comuna, ha quedado envuelta en una controversia legal. Un particular presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, alegando que el terreno donde se levanta el proyecto, identificado como Lote A-27, es de su propiedad y que no ha autorizado su uso ni ha sido notificado de expropiación o cesión alguna.
El proyecto, financiado con más de 3.500 millones de pesos del Gobierno Regional de Atacama, se ubica en la entrada norte de la comuna, junto a la Subcomisaría de Carabineros. La primera piedra fue colocada recientemente en una ceremonia encabezada por autoridades locales.
Según el recurso, el propietario se enteró de la situación el 23 de abril, cuando fue alertado por una amistad sobre una publicación que informaba sobre la ceremonia de inicio de obras. Tras contratar un equipo técnico para realizar un levantamiento topográfico, se concluyó que las obras en ejecución afectan una superficie de 4.843 metros cuadrados de su terreno.
La Corte de Apelaciones acogió a trámite el recurso y ordenó a las autoridades involucradas —la Municipalidad de Tierra Amarilla, el Gobierno Regional y la Seremi de Bienes Nacionales— presentar un informe en un plazo de diez días. Sin embargo, rechazó la solicitud de orden de no innovar, permitiendo que las obras continúen provisionalmente mientras se resuelve el conflicto.
Desde el municipio, se indicó que tenemos la convicción de que el terreno entregado por Bienes Nacionales cuenta con la propiedad pública para construir nuestro anhelado polideportivo. Esperamos que esta acción judicial no prospere para no perder más tiempo y seguir adelante con el proyecto que será un gran aporte para nuestros deportistas y toda la comunidad.
Hasta el cierre de esta edición, la Seremi de Bienes Nacionales no ha emitido una respuesta oficial respecto a este conflicto.
Este caso plantea interrogantes sobre la planificación y gestión de proyectos públicos, y destaca la importancia de asegurar la regularización de terrenos antes de iniciar obras de gran envergadura.