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Cansados de promesas vacías, reuniones estériles y respuestas para la foto, cerca de 50 vecinos y dirigentes de Vallenar salieron a marchar este lunes por las principales calles de la comuna. No lo hicieron por protocolo ni para figurar en redes sociales, sino porque la delincuencia ya se tomó los barrios, y con ella, el miedo, la impotencia y la desesperanza.
La marcha partió desde la población Rafael Torreblanca, avanzó por el acceso al Altiplano Sur, puente Brasil y calles principales como Av. Brasil y Prat, hasta llegar al frontis de la Delegación Provincial del Huasco. Allí entregaron un nuevo oficio —ya no saben cuántos van— exigiendo acciones concretas ante la creciente ola delictual.
“Estamos chatos de promesas que nunca llegan, de autoridades que solo aparecen para desmarcarse o sacarse una foto. Hoy no vinimos a pedir, vinimos a decir que ya no aguantamos más. La delincuencia está ganando terreno y las instituciones del Estado parecen no notarlo”, señaló Javier Varas, presidente del sector Los Alemanes.
El reclamo ciudadano no es nuevo, pero esta vez el tono fue distinto. La frustración acumulada se cruzó con la indignación por lo que muchos consideran una burla: todos los años, el Gobierno Regional de Atacama destina recursos millonarios para la seguridad pública, principalmente a través de convenios con Carabineros de Chile. Solo entre 2015 y 2024, se estima, según antecedentes de prensa de años anteriores, que se han entregado más de 8.000 millones de pesos en equipamiento, vehículos, cámaras de vigilancia, infraestructura y otros recursos logísticos.
Estimación de recursos entregados por el GORE Atacama a Carabineros (2015-2025)
A través del FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional), el Gobierno Regional de Atacama ha financiado en múltiples oportunidades a Carabineros para la compra de:
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Vehículos policiales
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Equipos de comunicación
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Implementos de seguridad
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Proyectos de infraestructura (cuarteles, retenes)
Casos conocidos por año (referenciales):
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2016: $1.000 millones para vehículos e implementación.
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2018: $1.200 millones para renovar flota y equipamiento.
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2020: $1.500 millones aprobados para 29 nuevos vehículos.
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2022: $1.000 millones más para 26 vehículos y logística.
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2023: $1.300 millones para vehículos, drones y cámaras.
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2024: Al menos $1.400 millones anunciados en prensa regional.
En algunos años intermedios se han otorgado también montos menores, de entre $500 a $800 millones para apoyo logístico o patrullaje.
Sin embargo, la ciudadanía sigue escuchando la misma excusa cuando denuncia un robo o un asalto: “no hay vehículos disponibles” o “no hay personal suficiente para acudir”. Entonces, ¿dónde están los recursos? ¿Por qué seguimos entregando camionetas nuevas cada año si luego están “malas” o “fuera de servicio”?
Dirigentas del sector Pedro Martínez fueron aún más categóricas: “Llevamos seis meses esperando respuesta a una carta entregada a la Delegación. El alcalde prometió recuperación de espacios, y no se ha aparecido por el sector. La delincuencia se tomó las plazas, los negocios tienen que estar enrejados y la gente ya perdió el miedo a las autoridades… porque no hacen nada”.
En el lugar estuvo el alcalde Víctor Isla, quien afirmó que “el tema de la seguridad es nacional” y que “es injusto apuntar al municipio”. Pero las vecinas no quieren más explicaciones. Quieren acciones. Quieren caminar tranquilas. Quieren volver a la Vallenar que recuerdan de hace algunos años, donde se podía salir después de las 21 horas sin miedo a que sus hijos no regresaran.
Desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Jaime Castillo fue claro: “La gente ya no cree. No denuncia porque siente que es perder el tiempo. No hay confianza en Carabineros ni en la Fiscalía, y eso es grave. El Estado ha fracasado en protegernos”.
La marcha no fue contra una autoridad en específico. Fue contra un sistema que ha dejado solos a los ciudadanos. Un sistema donde el gasto en seguridad se anuncia con bombos y platillos, pero no se traduce en presencia real, ni en respuestas eficaces cuando una vecina grita por ayuda.
La ciudadanía no quiere más mesas de trabajo. Quiere sentirse protegida. Y eso no se logra con promesas, ni con más camionetas para la foto, ni desmarcándose de responsabilidades. Se logra con compromiso real, coordinado, sostenido.
La delincuencia avanza cuando el Estado se diluye entre excusas. Y Vallenar ya no quiere más excusas.
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