Uno de los cuestionamientos que más se repite a la hora de analizar el TPP-11 tiene que ver con la posibilidad de que se reincorpore el Convenio Upov-91, el cual obliga a la generación de una legislación nacional para la patente de semillas, además de permitir el cultivo de especies transgénicas
Vía Radio U. de Chile / Jornadas cruciales son las que vivirá el TPP-11 de cara a su ratificación por parte del Congreso. Las comisiones de Agricultura y Trabajo son ahora las encargadas de revisar el tratado de libre comercio más grande del mundo, luego de que el Gobierno decidiera, a última hora, retirar la votación general para que este fuera aprobado.
A horas de que comience este nuevo proceso, organizaciones mapuche y del medio ambiente convocaron a una manifestación en contra del convenio, el cual significaría un grave perjuicio hacia el conocimiento ancestral agrícola de las comunidades. Esto debido a la posible privatización de las semillas que el tratado implica.
Desde Valdivia, Beatriz Chocori, miembro del Parlamento Mapuche de Koz Koz, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile que el tratado viene a ceder a las transnacionales el conocimiento de los pueblos originarios.
“El TPP deja abierta la posibilidad de que nos prohíban cultivar las semillas y a que las empresas se adueñen de ellas. Este tratado permite que las empresas puedan comercializar ese conocimiento, y para nosotros este es un grave ataque contra la supervivencia de las comunidades”.
Uno de los cuestionamientos que más se repite a la hora de analizar el TPP-11 tiene que ver con la posibilidad de que se reincorpore el Convenio Upov-91, el cual obliga a la generación de una legislación nacional para la patente de semillas, además de permitir el cultivo de especies transgénicas.
Por otro lado, Eliza Hernández, representante de la Red del Agua y los Territorios, se refirió a la falta de una consulta hacia los pueblos indígenas, a pesar de que nuestro país ha firmado tratados internacionales que instan a la participación de las comunidades: “Chile firmó el convenio n°169 que obliga a los Estados a consultar a los pueblos y hasta ahora no nos han consultado nada. El Gobierno está infringiendo las normas internacionales”, afirmó Hernández.
