Ante la compleja situación que atraviesa la región y el país, por estos días, el Consejo Regional de Atacama, como órgano público colegiado según la Ley Orgánica Constitucional N°19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, hizo un llamado al diálogo y reconoce las legítimas demandas sociales.
En tal sentido el Presidente del CORE Atacama Javier Castillo, indicó que: “Reconocemos las legítimas demandas sociales que son transversales y que manifiesta la comunidad, donde el Estado de Chile y sistema económico, no ha tenido la capacidad de resolver en años, en décadas y, hoy día, hace crisis, la que se ha manifestado en las calles y en las distintas comunas de la región y el país, no puede dar espacio para la delincuencia, para el lumpen, para tergiversar la legítima demanda social y menos llevar a un estado de guerra por la irracionalidad de unos pocos”.
“Rechazamos todo aprovechamiento que se genere ante esta legítima demanda social para transformarla en un foco de delincuencia o de represión de Estado, que no conduce a nada. En ese punto, el gobierno es el mandatado y responsable del orden público”, agregó.
Castillo hizo un llamado como Presidente del CORE: “Como Consejeros Regionales de todas las bancadas políticas pedimos cordura y responsabilidad sobre todo a la clase política, tanto del parlamento como del gobierno, para que podamos dialogar y buscar soluciones. Convirtiéndose en la contraparte que reciba y dé solución a la demanda social”.
“Nuestro llamado es a manifestarse de forma pacífica expresando libremente sus inquietudes y demandas en pos de soluciones. Ejercicio que desde este Consejo Regional se ha practicado con resultados concretos que han traído instrumentos resolutivos en vivienda, salud primaria y agricultura, entre otros. Escuchar y construir política pública con la gente, es el fin de la democracia”, avidenció.
Finalmente Javier Castillo reflexión respecto al toque de queda implementado en Atacama y el país: “El llamado es a no continuar con el mensaje de un Estado de emergencia que obliga a una protección militarizada, sino por el contrario, convoquemos a un Estado de emergencia politizado donde se resuelvan las legítimas demandas con carácter de urgencia en un pacto social y si, evitar esta burocracia significa la modificación de la Constitución Política de Chile, entonces es necesario hacerla, siendo el principal interlocutor del movimiento social, las organizaciones vivas de la comunidad”.
“Como representantes de los distintos sectores políticos pedimos volver a la normalidad sin que esto sea manejado por las fuerzas armadas, sino por el sector político que enmiende el error que cometió por décadas y que el movimiento social en lucha, a través de este estallido social, reclama solución”, concluyó.
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