La Federación de Trabajadores/as a Honorarios del Estado UNTTHE, que agrupa sindicatos de servicios del gobierno central, municipalidades y universidades del Estado, expresó su «decepción y preocupación» tras el anuncio realizado por el gobierno de Piñera, en relación a las trabajadoras y trabajadores que emiten boletas de honorarios (tanto las y los independientes como aquellas personas que trabajan bajo subordinación y dependencia para el Estado con contratos a honorarios, sin derechos laborales).
«Este anuncio, el más tardío del paquete de medidas económicas del gobierno, supuestamente destinadas a proteger a las y los trabajadores y el empleo, viene a demostrar una vez más, el carácter tecnocrático y alejado de los reales intereses y necesidades de las y los trabajadores, sobre todo de quienes laboramos a honorarios en el Estado», afirmaron en una declaración, que resumieron en siete puntos:
«1. El proyecto se presenta como un seguro de protección para quienes boleteamos, «emulando» un seguro de cesantía, no obstante sus condiciones y diseño hacen que sea restrictivo tanto, en cuanto a la cantidad de personas que serán consideradas, así como de la protección económica asociada. Se plantea como un seguro ante situaciones de calamidades, catástrofes naturales, crisis económicas o sanitarias, las que deben estar establecidas por la autoridad, por tanto, no es permanente y no nos protege ante el despido intempestivo del que las y los honorarios somos históricamente el blanco principalmente de los gobiernos nacionales y locales.
2. Por otra parte, establece ciertos requisitos para acogerse, que no quedan del todo claros: haber emitido al menos 4 boletas durante los últimos 12 meses u 8 boletas durante los últimos 24 meses. Se debe acreditar, además, una reducción de al menos un 20% de los ingresos brutos respecto de la rentas brutas de los 12 meses anteriores. No se establece el modo en que ésta disminución será verificada y los plazos para ello. ¿Un/a trabajador/a a honorarios se podrá acoger al seguro inmediatamente después de ser despedido/a o deberá esperar un plazo aún desconocido para que esto se concrete?
3. El seguro tiene un techo máximo, proporcional al ingreso promedio: $500.000; esto independiente de si el promedio de ingresos brutos los últimos 12 meses es de $400.000, $700.000 o $1.200.000. En otras palabras, en ningún caso el pago del seguro será del 100% de los ingresos brutos, aun cuando el o la trabajadora tenga una disminución total de sus ingresos producto de la crisis. Un/a trabajador/a cuyo sueldo es el mínimo a honorarios, sólo recibirá un 70% de eso por el seguro ($225.000); quien ganaba $2.000.000 sólo podrá recibir un máximo de $500.000.
4. Por otra parte, considera el pago de sólo 3 meses dentro de los 9 meses desde que se activa el seguro, es decir, no protege durante toda la duración del evento catastrófico.
5. No se establece un plazo para determinar el fin o inicio del evento catastrófico. Si el despido o disminución de ingresos, ocurre previo decreto de emergencia, ¿él o la trabajadora se podrá acoger al seguro?
6. Desconocemos el origen de los fondos que serán inyectados a la aseguradora que estará a cargo de administrar estos fondos, también desconocemos su origen. ¿Es estatal o es una empresa privada como las AFC u AFP?
7. Finalmente, este seguro supone un cargo de 0,4% sobre las retenciones de impuestos, aumentando la carga permanente sobre nuestros sueldos y sumándose así al 17% que cotizaremos al 2028 y el 6% que cotizaremos si se aprueba la reforma de pensiones actualmente en discusión, lo que sin duda, consideramos tremendamente discriminatorio y poco eficiente».
Los trabajadores agrupados en la UNTTHE agregaron que «con los antecedentes que tenemos a la vista, podemos concluir que esta medida está lejos de un seguro de cesantía que proteja y se haga cargo de la precariedad laboral que el mismo estado ha fomentado durante años, y rechazamos tajantemente la obligación de pagar nuevamente una cotización que le corresponde a nuestro empleador para ser depositada en una administradora de seguros y que podrá ser utilizada SOLO en casos eventuales de catástrofe, dejando fuera la posibilidad de tener un seguro de cesantía decente, naturalizando la ilegalidad del trabajo a honorarios con funciones permanentes, esto sin mencionar que el espíritu de la medida, es un préstamo con cargo a nuevas cotizaciones, que pagaríamos aun cuando nunca utilicemos el seguro/préstamo».
«Hacemos un llamado a las y los parlamentarios a legislar con justicia y rechazar esta medida inmediatista, poco profunda y mercantilista que está lejos de ser una acción de protección por parte del estado para más de 1 millón de trabajadores/ y particularmente cerca de 370 mil en el Estado», concluye la declaración.
