En un manifiesto intento de imponer una medida que, sin las restricciones propias de la emergencia sanitaria y el confinamiento social, habría provocado múltiples protestas, el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) ha emitido una Resolución autorizando la importación de organismos genéticamente modificados (OGM) para su posterior uso agrícola.
En su apartado tercero, la Resolución establece que «las autorizaciones caso a caso para la liberación confinada al medio ambiente de OGM importado o de desarrollo nacional, permitirá realizar pruebas de campo, multiplicar el material, y almacenar y acondicionar éste para su uso futuro».
Es importante aclarar que el concepto de liberación confinada, en realidad, no denota ningún tipo de medida preventiva o atenuante de los posibles impactos de los cultivos genéticamente modificados, pues cuando se expone al ambiente un organismo genéticamente modificado es muy difícil que su comportamiento sea determinado por el aislamiento dispuesto, pues factores como la polinización o las corrientes de viento pueden franquear tales barreras.
Ante esta imposición, una cantidad creciente de organizaciones sociales se han coordinado para manifestar su rechazo y denunciar los peligros que la implementación de esta medida acarrea. Para ello, han suscrito una declaración, elaborada por la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, donde aseveran que es «inaceptable que la industria biotecnológica esté tomando el control de la regulación de los transgénicos desde dentro de los organismos reguladores del Estado».
En esa línea, aclaran que si bien hasta ahora en Chile sólo están permitidos los cultivos transgénicos para la producción de semillas de exportación, esta Resolución constituye un instrumento determinante en la ampliación de su uso.
¿Por qué representa un riesgo para la sociedad chilena?
Las organizaciones explican que es necesario detener la introducción de cultivos genéticamente modificados, pues «según lo comprueban estudios científicos independientes, representan un grave riesgo para la salud humana, animal y el ambiente. Después de años de uso, en el mundo y en Chile, han significado un aumento exponencial en el uso de plaguicidas, especialmente de aquellos más tóxicos que cumplen los criterios de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) para la salud y el ambiente, como son el glifosato / RoundUp (cancerígeno para animales y posible cancerígeno para humanos según la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud, OMS) y otros PAPs, entre ellos, 2,4-D, glufosinato de amonio y dicamba, tóxico y responsable además de la pérdida de millones de acres de cultivos y de mortandad de abejas en EEUU».
A ello agregan «los devastadores impactos agrícolas y ecológicos de la dependencia de los plaguicidas vinculados a las semillas OGM, que han significado el desarrollo creciente de hierbas resistentes a los plaguicidas, lo que ha motivado que las empresas manipulen genéticamente los cultivos para hacerlos tolerantes a herbicidas cada vez más tóxicos».
A esto suman «el modelo actual de agricultura y la cría industrial de ganado, que además de ser factores importantes de la destrucción de la biodiversidad, contribuyen a crear las condiciones para que emerjan nuevos virus y enfermedades».
Exigencias
Frente a esta imposición, las organizaciones exigen que con suma urgencia se concreten las siguientes acciones y condiciones para asegurar la salud de la población población chilena en el ámbito alimentario:
Un Ministerio de Agricultura/SAG independiente de las empresas semilleras y de las transnacionales agroquímicas y de la biotecnología, que se comprometa a impulsar regulaciones y una legislación que establezca la moratoria a los OGMs destinados al mercado interno, y proteja efectivamente la biodiversidad como un patrimonio de máxima importancia para evitar el colapso de la naturaleza, el deterioro creciente de los servicios ecosistémicos, y revertir a la disminución masiva de las abejas, polinizadores e insectos en el país.
Un Ministerio de Salud libre del fuerte lobby de las semilleras transgénicas, nacionales e internacionales, que regule e implemente al más breve plazo el etiquetado de alimentos transgénicos, debido que se trata de una técnica inexacta sobre la cual no se tiene control de sus consecuencias. No etiquetar a los OGM significa violar el derecho a saber y a la salud de los consumidores.
Un Ministerio del Medio Ambiente que no se guíe solo por intereses comerciales de empresas químicas y de biotecnología trasnacionales, y haga un monitoreo y evaluación de riesgos ambientales de cultivos OGM.
También es urgente que se implementen pruebas de seguridad inmediatas y a largo plazo de los alimentos transgénicos. Asimismo, el Minsal debe dar vigencia al proyecto de «Actualización de los Límites Máximos de Residuos -LMR- de Plaguicidas en Alimentos», que fue realizado y aprobado en 2017 por un grupo de trabajo público-privado.
Asimismo, es necesario que el mismo ministerio de Salud realice estudios científicos independientes para comenzar a recopilar datos que ayuden a investigar el impacto de los alimentos OGM en la salud de la población, especialmente en niñas y niños.
Finalmente, las organizaciones llamaron a los médicos a considerar el papel de los alimentos OGM en las enfermedades de sus pacientes. «La introducción al ambiente de OGM ha significado un aumento exponencial en el uso de Plaguicidas Altamente Peligrosos e impactos negativos en salud pública, salud laboral y en el ambiente en Chile y en todos los países del mundo donde se han cultivado a gran escala, entre ellos, Argentina, donde hay suficiente evidencia científica sobre enfermedades y muertes en poblaciones directamente afectadas por el aumento del uso plaguicidas peligrosos en zonas de cultivos OGMs».
