“En Tierra Amarilla la gente se muere de cáncer; nuestros niños sufren alergias, afectaciones en los ojos, enfermedades respiratorias, entre otras patologías que pareciera no interesarle a nadie”, denunció este miércoles Claudio Alfaro, dirigente social de la comunidad, cuando los integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) interpusieron un recurso de protección por la contaminación que la Fundición Hernán Videla Lira de Paipote, ha causado en los habitantes.
Carlos Bellei, jefe regional del Indh en Atacama, informó que el documento que introdujeron en la Corte de Apelaciones de Copiapó va en contra de la Empresa Nacional de Minería (Enami), Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud por las omisiones en el desempeño de sus funciones y las consecuencias que esto ha generado.
Este instrumento forma parte del proceso que establece un plazo de 30 días para hacer una intervención judicial a propósito de lo ocurrido el 16 de abril de este año, cuando una nube tóxica arropó a la comuna por las emanaciones de gases en la planta instalada en Paipote.
Dicho evento, sumado a la misión de observación que desde diciembre de 2018 los institutos iniciaron para visibilizar los problemas que tienen los habitantes de las comunidades de Tierra Amarilla, motivaron a la Indh a salir al paso contra la empresa y las demás instituciones de Gobierno.
El primer objetivo es que el Tribunal reconozca que sí hay una vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos, pero sobre todo que se instale una red de monitoreo pública y transparente de las emisiones de la fundición, ya que esta es información que maneja exclusivamente la compañía.
Además, los defensores de los DDHH pidieron que la fundición se ingrese al sistema de evaluación ambiental y que el Ministerio de Salud realice exámenes toxicológicos a los niños, adolescentes, adultos y abuelos que han sido afectados por estas emanaciones. Asimismo, exigen que se den las garantías suficientes para que no haya reincidencias de los hechos.
Sin embargo, Claudio Alfaro, tiene una exigencia más radical, y es que en nombre los afectados, pidió al Gobierno que traslade a la Fundición Hernán Videla Lira de Paipote del lugar porque “lo que se vivió en abril no es una situación nueva para nosotros; al contrario, lo padecemos desde hace años y ya es momento de entrar en otro terreno”.
Las contaminaciones que se registran en la comuna de Tierra Amarilla generan afectaciones a la integridad física y psíquica de las personas, pero además viola el derecho a la salud y sobre todo a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de acuerdo con lo que agregó Bellei.
Al respecto Alfaro destaca que “el dinero para cubrir las enfermedades de nuestros hijos sale de los habitantes de la comuna; o sea, nosotros mismos mitigamos esta situación que ya no es impacto, sino un daño ambiental y sobre todo a la salud”.
Para el vocero todas las empresas que se han instalado en la zona han arrasado con el derecho a que las personas vivan en un medio ambiente libre de contaminación, ya que “a ellos solo les interesa la productividad y no la calidad de vida de nosotros”.
Para terminar, Alfaro criticó que el Estado invierta millones de dólares en mejorar la vida de las grandes ciudades con grandes infraestructuras, pero en Tierra Amarilla, que -según dijo- genera el 42 % de los recursos de la región, no destina presupuestos para mover a las empresas contaminantes.
Por Frenny Kelly Granado
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