Dentro de la investigación realizada a la CORE Rebeca Torrejon por los delitos de falsificación y uso malicioso de documento público y de fraude al fisco, tipificados en los artículos 193 y 196, del Código Penal, cometidos a partir de diciembre del 2014 en la comuna de Vallenar y a la solicitud por parte del fiscal a cargo, hoy se realizó la formalización.
Recordemos que, para su candidatura al Consejo Regional de Atacama, en 2017, Rebeca Torrejón presentó ante el Servicio Electoral (Servel) una licencia de estudios de Enseñanza Media «ideológicamente falsa» para cumplir con las exigencias mínimas que requiere el cargo. Fiscalía recibió en su momento todos los antecedentes, antes que ella asumiera el cargo en 2018, y la PDI comprobó incluso con sus excompañeras que nunca egresó de cuarto medio.
Martínez empezó a indagar en los registros y el 11 de enero de ese año contestó el requerimiento a la directora (s) del organismo, Sandra Pizarro Cisternas: “Rebeca Torrejón Sierra no figura en el listado oficial de los cursos, por lo tanto no es alumna licenciada”, señaló en el documento de respuesta.
El titular del establecimiento, 5 días después, dio cuenta de la irregularidad a su jefatura directa, mediante un ordinario dirigido a Óscar Tapia Vera, director (s) del Departamento de Educación Municipal de Vallenar (DEM). Y entregó más detalles: no apareció en las actas como egresada en 1975, pero ese año sí figura como alumna de primero medio de la jornada nocturna. De modo que es imposible que hubiera egresado de la Enseñanza Media antes de 1978.
“Esta investigación tuvo origen en una denuncia deducida directamente en la Fiscalía Local de Vallenar, sumado a una querella interpuesta por la Municipalidad, por hechos constitutivos del delito de falsificación y uso malicioso de documento público, y que se habrían perpetrado por la imputada al momento de la presentación de su candidatura ante el Servicio Electoral, la que, finalmente, resultó electa a dicho cargo público», explicó el fiscal.
Ante estos hechos, la Fiscalía al día de hoy realizó la formalización para la investigación por los delitos ya mencionados y solicitó 90 días para el desarrollo de las diligencias que restan en la causa, siendo acogido por el Juez de turno.
Las medidas cautelares que el Ministerio Público solicitó hacia la imputada fueron:
- El arresto domiciliario total.
- Arraigo nacional.
- Prohibición de acercarse y comunicarse con testigos de esta investigación.
