El principio de responsabilidad es uno de los ejes centrales del Estado de Derecho. En virtud del principio de responsabilidad, quienes ejercen la función pública en las diversas reparticiones del Estado, deben actuar a la luz del principio de probidad y para el evento de apartarse de las exigencias emanadas del marco jurídico, deberán asumir las consecuencias jurídicas de sus acciones, sean estas civiles, penales, administrativas, constitucionales, según corresponda, además de las responsabilidades políticas procedentes.
El caso Fundaciones está dejando en evidencia una impactante banalización del principio de responsabilidad por parte del Gobierno y, en general, por todo un grupo que llegó al poder prometiendo erradicar las malas prácticas de los “30 años”. Así, recordará el lector que cuando se hizo visible el traspaso de dineros desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia viva, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, habló de “un total descriterio político”, tratando de bajar el perfil a la gravedad del hecho por todos conocidos. La cúpula de Revolución Democrática supo 10 días antes de que el escándalo Democracia Viva explotara y lo ocultó, para luego mostrarse sorprendida y hasta querellarse por estos hechos, cuando, seguramente, su estrategia de control de daños no prosperó.
A medida que los hechos fueron adquiriendo más connotación pública y fueron saliendo a la luz nuevos traspasos a amigos y correligionarios vía trato directo, y sin boletas de garantía (de lo que nos hemos enterado en los últimos días), desde el Gobierno se anunció que estos hechos se enfrentarían bajo la premisa de “caiga quien caiga”, aunque al parecer, los únicos alcanzados por esta política son funcionarios de menor jerarquía, pero no se ha cuestionado a ningún ministro, evadiendo hacer efectivas las responsabilidades políticas procedentes.
A propósito del escándalo suscitado por la ex – subsecretaria de Cultura Andrea Gutiérrez, por la firma de convenios y traspaso de fondos a fundaciones a pesar de su evidente conflicto de intereses, si bien se instruyó un sumario y se aceptó su renuncia, la élite que hoy gobierna Chile se ha empecinado en reducir las actuaciones de la misma a un simple y casi ingenuo error. Así, Irina Karamaros declaraba en sus redes sociales “lamento que la gigante Andrea Gutiérrez tenga que seguir otro rumbo”, mientras que la ministra Orellana hablaba del “profesionalismo” de la ex – subsecretaria, señalando que ella “solo había cometido un error administrativo”.
En la misma dirección, el ministro Cordero Vega (quien en las últimas semanas ha ido adquiriendo un rol muy activo en materia de vocerías, posiblemente por su mayor capacidad profesional y conocimiento del derecho, que la de muchos miembros del gabinete) señaló, a propósito del caso Andrea Gutiérrez, que “cuando se llega por primera vez a un cargo directivo de una administración del Estado, quien ocupa ese cargo debería tener una capacitación básica” para evitar incurrir en errores. Es más, la propia vocera Vallejo, ha insistido que la salida de Gutiérrez se debe a un lamentable “error administrativo”.
Algo de razón tiene Cordero Vega, en el sentido de que los funcionarios públicos deben estar constantemente siendo objeto de capacitaciones, aunque cuesta aceptar que se requiera una capacitación básica para entender que no hay que traspasar dineros públicos a amigos, familiares, parejas o militantes del partido y que si se presenta el conflicto procede la abstención. Quien no entienda eso no tiene ni la capacidad intelectual ni la aptitud moral para ocupar un cargo público.
Como se puede apreciar, el estándar de las personas del gobierno y ligadas a su administración dista mucho según sea quienes cometen los actos irregulares, así, pasan desde las exigencias de investigaciones por indicios de corrupción (que desde luego son necesarias y válidas en una democracia) a simples “errores administrativos” o “falencias del sistema”, como ha dicho el ministro Montes, cuando estos actos emanan de sus compañeros de ruta. El problema es que estos “errores administrativos” le están costando a Chile, hasta el momento, más de 13 mil millones de pesos, en el marco de los 29 convenios que hasta la fecha la Contraloría declaró como ilegales, sin perjuicio de la crisis política que está sufriendo el gobierno y que afecta directamente a todo el país.
