Una de las tareas que cumple el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene que ver con analizar y evaluar técnica y económicamente proyectos e iniciativas que presentan, para financiamiento, distintos organismos públicos, entre los cuales están los municipios de todo el país. Con la finalidad de tomar acciones dirigidas a generar más y mejor inversión pública como Gobierno hemos tomado una serie de acciones.
Con miras a fortalecer el sistema actualizamos las Normas, Instrucciones y Procedimientos (NIP), incorporando mejoras a los procesos de postulación, admisibilidad y análisis técnico-económico, otorgando mayor certidumbre en los plazos y resultados, y flexibilidad ante situaciones particulares. Por otro lado, hemos buscado fortalecer la capacidad formuladora del sector público, entregando lineamientos y especificando procedimientos, para apoyo con programas de asistencia técnica a los organismos públicos que lo requieran. Al mismo tiempo, como ministerio, estamos modernizando las capacitaciones para entregar más herramientas que permitan el desarrollo de carteras de inversión robustas. En paralelo, en Atacama, conformamos en conjunto con nuestro Delegado Presidencial Regional un Comité de Seguimiento a la Inversión, lo que ha permitido coordinar a las distintas carteras, identificando y destrabando nudos críticos. Así como un trabajo conjunto con el Gobernador Regional y Asociación Regional de Municipios de Atacama, para realizar encuentros mensuales con los equipos Secplam de las 9 comunas de región.
Buscando enfrentar el aumento de los precios en el rubro de la construcción derivado de la pandemia de Covid-19, para los proyectos de inversión que se encontraban en proceso de licitación, se aumentó el porcentaje de sobrecosto de los contratos de 10% a 20%, disminuyendo, con ello, los retrasos en los tiempos de adjudicación. Asimismo, se definió una causal excepcional de reevaluación exprés para proyectos con riesgo de término anticipado de contrato producto del alza de costos. Adicionalmente, en el mes de abril del presente año publicamos el Decreto Supremo 304 del Ministerio de Hacienda, que habilita la aplicación de un mecanismo excepcional de reajustabilidad retroactivo a los contratos de obra pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión, vía reevaluación, inclusive para aquellos celebrados como suma alzada sin reajuste.
Esta es una excelente noticia para los proyectos cuya ejecución y operación estaban en riesgo producto del alza de costos en la construcción. Así, se resguarda el empleo de miles de trabajadores que se desempeñan en estas obras, se apoya a las empresas que no pudieron prever un alza de precios tan significativa y se beneficia a las comunidades que harán uso y goce de las infraestructuras y servicios públicos que se pondrán a disposición.
