Atacama, Chile. El reciente anuncio del Ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre la implementación de un mecanismo de “Fast Track” para agilizar permisos de inversión ha sido valorado por sectores empresariales, como la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA), cuyo presidente, Juan José Ronsecco, calificó la medida como “una señal positiva y un paso adelante frente a una realidad burocrática que asfixia a la inversión en Chile”.
Ronsecco argumentó que esta medida representa un reconocimiento del problema real que implica la excesiva “permisología” en Chile, y que el mecanismo tiene el potencial de reactivar proyectos paralizados, generar empleo, dinamizar la economía y mejorar la productividad. “Desde el punto de vista de su importancia y beneficios potenciales, este ‘Fast Track’ puede contribuir a mejorar la confianza y el clima para invertir en el país, siendo un paso al frente contra la burocracia y la incertidumbre”, señaló el dirigente gremial.
Sin embargo, no todo el panorama es optimista. Diversas voces desde organizaciones sociales, comunidades indígenas y expertos en medio ambiente advierten que un proceso acelerado podría implicar serios riesgos para la protección ambiental, el respeto al patrimonio cultural y los derechos de participación de las comunidades afectadas.
¿Qué es un Estudio de Impacto Ambiental?
Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son instrumentos esenciales que evalúan los posibles efectos que una determinada obra o proyecto podría tener sobre el medio ambiente. Su objetivo es prevenir, mitigar o compensar los impactos negativos antes de que estos ocurran. Esta evaluación incluye aspectos como la biodiversidad, los recursos hídricos, la calidad del aire, y también el patrimonio arqueológico y cultural.
Acelerar o debilitar este tipo de procesos podría abrir la puerta a omisiones graves, como el inicio de obras en territorios donde pudieran existir hallazgos arqueológicos aún no descubiertos, lo que significaría una pérdida irreparable del legado histórico de los pueblos originarios.
Tratados internacionales y protección del patrimonio indígena
Chile es firmante de diversos tratados internacionales, entre ellos el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que obliga al Estado a consultar a las comunidades indígenas cuando se planifiquen proyectos que puedan afectarlas directamente, especialmente en lo que respecta a su territorio, recursos naturales y patrimonio cultural. Ignorar o relativizar estos compromisos en nombre de la eficiencia administrativa podría acarrear no solo daños culturales y sociales, sino también conflictos legales y comunitarios.
Contaminación: ¿más permisividad en un contexto de crisis climática?
Otra preocupación relevante es el relajamiento de los estándares ambientales en un país donde, según distintos estudios comparativos, los niveles permisivos de emisiones, residuos industriales y fiscalización ambiental ya son más laxos que en naciones desarrolladas. En un mundo cada vez más golpeado por el cambio climático, medidas que privilegien la rapidez por sobre la sustentabilidad pueden significar retrocesos en la lucha por un desarrollo verdaderamente sostenible.
La ciudadanía y las comunidades locales, que muchas veces son las más afectadas por la contaminación del aire, del agua o del suelo, podrían ver aún más limitadas sus posibilidades de intervenir o exigir correcciones si los plazos y procedimientos se acortan sin contrapesos efectivos.
Conclusión
Si bien el impulso a la inversión es una necesidad compartida, el desafío está en equilibrar crecimiento económico con responsabilidad social y ambiental. Un “Fast Track” no puede transformarse en una vía libre para vulnerar derechos ni comprometer el patrimonio de futuras generaciones. Por ello, se hace urgente que cualquier iniciativa en esta dirección sea profundamente debatida, transparente, y garantice el cumplimiento de las normativas ambientales e internacionales vigentes, con la activa participación de las comunidades y organizaciones sociales.
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