En las ciudades de Calama, Chillán, Antofagasta, La Serena y Santiago, se desarrolló este martes la protesta nacional convocada por el Colegio de Profesores de Chile para emplazar a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, por la falta de voluntad del gobierno para abordar las demandas del sistema público.
El presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, explicó a Diario y Radio Universidad de Chile cómo ha funcionado hasta hoy la mesa de negociación que mantienen con el Gobierno, en la que se analizan principalmente temas referentes a las condiciones laborales en diversas instituciones públicas.
“Esperamos que el Gobierno nos escuche, que sepa que cuando se instala una mesa es para que crezcan respuestas concretas y no para que esto se transforme solo en conversaciones dilatorias. Y por lo tanto, que no tengamos que pasar a la siguiente fase, entrar derechamente a una paralización”, afirmó el dirigente.
Además de estas dificultades, otro de los problemas que Aguilar detalló son los que tienen que ver con la implementación de la ley de Nueva Educación Pública, que mantiene en funcionamiento, pero con serios problemas de logística y abandono, a 4 de los 69 servicios locales que contempla dicha ley.
Para el presidente del Colegio de Profesores, el hecho de que el Ministerio de Educación esté tomando distancia con estos problemas, sería una señal de su interés por el retroceso y el retorno a la municipalización.
“Llevan meses sin nombrarse los directores de los servicios locales, recién el día viernes pasado nombraron a dos de ellos después de cinco meses que estuvieron acéfalos. La Dirección de Educación Pública Nacional, que cobija a estos servicios locales, también lleva desde noviembre sin que se nombre al reemplazo del anterior director”, criticó Aguilar.
“Aula Segura”
A raíz de los episodios de violencia registrados la semana pasada en el Instituto Nacional y en el Liceo Darío Salas, Aguilar no evitó pronunciarse también respecto de la ley “Aula Segura”, rechazando tajantemente todo tipo de violencia en dichas instituciones.
Según indicó a este medio, el enfoque exclusivamente policial de la ley de Aula Segura es inadecuado para resolver problemas dentro de una institución educativa, cuestión que, además, traen a la memoria las épocas de mayor autoritarismo en Chile.
Al igual que sucede en la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública, en opinión de Aguilar, sería el abandono de ciertas instituciones lo que acrecentaría los niveles de violencia. “Hay que entender las raíces” de los problemas, concluyó Aguilar.