Los parlamentarios Raúl Soto y Erika Olivera aparecen en las grabaciones que posee la policía, en el marco de la investigación por presuntos delitos de lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho, defraudaciones, financiamiento ilegal de campañas y asociación ilícita.
Los nombres de siete políticos -entre ellos dos diputados en ejercicio– aparecen en los audios que están en poder de la PDI, en el marco de la investigación por presuntos delitos de lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho, defraudaciones, financiamiento ilegal de campañas políticas y asociación ilícita, en el marco del caso Tragamonedas.
Según informa este viernes La Tercera, se trata de Carlos Ernesto Soto González(alcalde de Rengo), Raúl Humberto Soto Mardones (diputado DC por el distrito 15), Andrés Alfonso Jouannet Valderrama (excandidato a diputado DC por el distrito 23 y exintendente de La Araucanía), Nelson Teodoro Hadad Heresy (excandidato a diputado DC por el distrito 11), Pablo Antonio Zalaquett Said (exalcalde de Santiago y La Florida), Erika Alejandra Olivera de la Fuente (diputada por el distrito 9) y Carlos Armando Tudela Aroca (exembajador de Chile en Singapur y lobbista DC).
De acuerdo a esta información, la PDI realizó una serie de interceptaciones telefónicas a los dirigentes de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado (Fiden)durante seis meses, en 2017.
Estos audios, según los antecedentes de la investigación, revelarían un supuesto vínculo de los empresarios con el pago de patentes a funcionarios municipales para instalar sus máquinas de juego y a personas ligadas al ámbito político para financiar sus campañas.
Por lo mismo, el entonces fiscal de Las Condes, Roberto Contreras, el 28 de agosto pasado envió un oficio al director nacional del Servicio Electoral (Servel), Raúl García, pidiendo antecedentes de los mencionados en los audios.
“Solicito a usted remitir al Ministerio Público la información que disponga respecto de las siguientes personas, en relación a cualquier proceso eleccionario en que hayan participado como candidatos, en el periodo comprendido entre los años 2013 y 2017”, dice el oficio N° 1400 enviado al Servel.
El documento señala que se requiere “el nombre del administrador electoral designado por los candidatos en cada proceso eleccionario, la o las cuentas bancarias informadas por los candidatos para los efectos electorales, que remitan las copias de las rendiciones de cuenta de gasto electoral y copias de las resoluciones del servicio en que se aprobaron esas cuentas”. Además, pide que se informe el monto del reembolso pagado a los candidatos y el origen y cifra en aportes reservados a cada candidato. Desde el Servel informaron que toda esta información ya fue remitida al Ministerio Público.
En paralelo a este requerimiento de información, la fiscalía también entregó al Servel los antecedentes de la investigación, entre ellos, las interceptaciones telefónicas en que se menciona a políticos, con el objetivo de que el servicio les responda si presentarán o no una denuncia por presunto financiamiento ilegal de campañas electorales.
Según fuentes del Servel, a mediados de diciembre informaron a la fiscalía que no realizarían una denuncia. La razón, dijeron, se debe a que “los antecedentes que han dado, más los que tiene el Servel, no dan pie a que haya una sospecha o indicio de irregularidad en el financiamiento de las campañas de esas personas”. Sin embargo, de acuerdo a fuentes de la fiscalía, esta respuesta aún no les ha llegado.
Para Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, “los antecedentes que se señalan en el informe de la PDI son de absoluta gravedad, demuestran que podríamos estar ante financiamiento ilegal de la política. Es importante que ante estos antecedentes el Servel tome las medidas del caso para ver si es necesario presentar una denuncia o querella, para que se active este mecanismo”.
