Mediante una declaración, la asamblea por el agua del Guasco Alto, se refirió a la campaña de sondajes que inició Barrick en Alto del Carmen. “Barrick está distribuyendo una carta en el Valle que, entre otras cosas, anuncia una campaña de 28 sondajes. Como la situación nos pareció gravísima, iniciamos las consultas a los organismos pertinentes para decidir qué acciones tomar. En ese mismo sentido, ayer nos enteramos por la prensa de que, según el propio director de la empresa, estos sondajes se ya se estarían realizando, situación que nos indigna y nos pone en alerta máxima”, dijeron. “Estos sondajes son ilegales pues este proyecto esta clausurado. De hecho, lo único que Barrick puede hacer ahí en este momento es ejecutar el cierre decretado por la Superintendencia del Medio Ambiente y confirmado por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Con estas actitudes, esta empresa falta de ética sigue vulnerando los derechos de las comunidades y del propio sistema judicial de nuestro país. Exigimos a todas las autoridades y entes fiscalizadores que no vuelvan a permitir que esta trasnacional siga estando por sobre la ley y paralicen de inmediato los sondajes”, comentaron. Señalaron igualmente, que “como comunidad iniciaremos las acciones correspondientes para entender qué está ocurriendo y frenarlo.
Lo que está en juego aquí es la credibilidad y las facultades de nuestro poder judicial, por lo que exigimos al Estado que no deje que, una vez más, el manto de la corrupción doblegue a la justicia”. «En esa misma línea se encuentra el cuestionable beneficio tributario otorgado a Barrick por el Servicio de Impuestos Internos, que aprobó un crédito por US$ 443 millones por concepto del IVA asociado a la inversión inyectada en el proyecto Pascua Lama. Los ciudadanos estamos cansados de ver cómo estas instituciones que, se supone, están a cargo de defender los intereses fiscales, una y otra vez benefician a los poderosos mientras a las personas y pequeños empresarios se les exige el pago hasta del último centavo. Por ello, exigimos la revocación inmediata tanto del Oficio N° 3031 del 16 de diciembre de 2019 del SII que permite este abuso, así de como las resoluciones que establecieron el beneficio concedido por parte del Ministerio de Economía», finalizaron.
