La Corte de Apelaciones de La Serena admitió a tramitación un recurso de protección presentado por la organización de conservación marina Oceana, el cual busca declarar ilegal la votación que aprobó el proyecto minero portuario Dominga convocada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo.
Dicha instancia, integrada por el delegado presidencial, diez secretarios/as regionales ministeriales (seremis) y la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), sesionó de manera extraordinaria el pasado 11 de agosto y calificó favorablemente la iniciativa de Andes Iron.
“El recurso de protección que revisará la Corte está relacionado con la ilegalidad del llamado a la nueva votación del proyecto Dominga realizado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, cuestión que le hicimos saber en su momento”, afirmó Ezio Costa, abogado de Oceana. “Esa votación no podía realizarse, ni menos sin hacer los procedimientos correspondientes que tendrían que haber incluido un nuevo proceso de modificaciones al proyecto y participación ciudadana”, agregó.
En el escrito se solicita a la Corte de Apelaciones de La Serena que suspenda el procedimiento mientras la Corte Suprema no resuelva los recursos de casación pendientes que buscan invalidar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental (1TA) que ordenó que Dominga se volviera a votar.
“El recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de La Serena, se suma a las casaciones interpuestas ante el máximo tribunal”, explica la Directora de Oceana Liesbeth van der Meer. “Nuestro propósito es recurrir a todas las instancias que nos permita la ley ya que creemos que la votación no fue legal y solo trae más incertezas y demoras a un proceso que se ha extendido innecesariamente”, añadió.
Recordemos que luego del fallo del 1TA, distintas organizaciones de la Alianza Humboldt presentaron recursos de casación ante la Corte Suprema, instancia que aún no se ha pronunciado, pero que podría invalidar la votación que aprobó el proyecto y/o terminar por rechazarlo de manera definitiva.
“No entendemos por qué el Gobierno tramitó con tanta rapidez este caso, cuando existen recursos judiciales pendientes, sin que además existan motivos para una citación extraordinaria, lo cual muestra la falta de imparcialidad del gobierno que buscaba aprobar a como diera lugar este proyecto”, aseveró Costa.
Dominga fue rechazada dos veces en 2017 por sus graves falencias técnicas y ambientales, pero la empresa decidió judicializar el caso y llevarlo a tribunales ambientales, pese a tener el rechazo de la comunidad científica, las agrupaciones de pescadores, los emprendedores del turismo y las más de 90 organizaciones que conforman Alianza Humboldt.
