Menos de 12 horas después de que el Reino Unido dejase la Unión Europea, los líderes de 15 de los Estados miembros restantes se han reunido en la villa portuguesa de Beja para escenificar su oposición a los países más ricos del bloque comunitario y marcar una posición común acerca del próximo presupuesto comunitario, cuya composición está dividiendo a los Veintisiete.
En la ‘Declaración de Beja’, los líderes del autodenominado Grupo de los Amigos de la Cohesión -que incluye países como España, Portugal, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, la República Checa y Rumanía- han calificado de «inaceptable» la posición de los países del Norte y Centro de Europa que reivindicaban un Marco Financiero Plurianual (MFP) de 2021-2027 marcadamente austero. Tras el Brexit -que implica la pérdida de los más de 10.000 millones de euros anuales que los británicos aportaban a las cuentas comunitarias- y ante un escenario de desaceleración económica, Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia reivindicaban un presupuesto basado en el 1% de la Renta Nacional Bruta (RNB), el cual implicaría cortes de los fondos de cohesión y la Política Agrícola Común (PAC) de los que tradicionalmente han disfrutado los países menos desarrollados.
Entretanto, los Estados miembros del Sur y Este de Europa piden que el presupuesto comunitario se base en entre el 1,16 y 1,3% de la RNB, y exigen que mantenga el nivel del MFPl de 2014-2020. «Ningún Estado miembro debe sufrir una reducción acentuada y desproporcionada de sus fondos de cohesión», reza el comunicado publicado el sábado, en el que también se afirma que las ayudas «son decisivas para el éxito de las políticas europeas» y para la lucha contra el cambio climático.
Ante quienes plantean la financiación parcial del ambicioso plan comunitario contra el cambio climático con los fondos que hasta ahora se han destinado a los proyectos de cohesión, los jefes de Gobierno de los países del Sur y del Este defienden afrontar el reto de la transición verde sin sacrificar las ayudas regionales. «El funcionamiento de estos instrumentos tiene que ser consistente con la manutención de condiciones equitativas dentro de la Unión y deben evitar profundizar en los desequilibrios existentes»; su financiación «no debe implicar una disminución de las Políticas de Cohesión y la PAC».
En un comunicado individual, emitido a la vez que la Declaración colectiva, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido los fondos de cohesión para reducir la desigualdad entre las regiones de la UE y subrayado su importancia a la hora de hacer frente al reto demográfico que afecta las zonas del interior. El jefe del Ejecutivo ha insistido en que la PAC tiene que ser financiada de manera adecuada para luchar contra la disparidad regional y la desigualdad social, y afirmado que su manutención es clave para la cohesión territorial de España.
Con la posición común fijada, la próxima prueba de los Amigos de la Cohesión vendrá el próximo 20 de febrero, cuando los líderes de los países del grupo se verán con los jefes de Estado y de Gobierno del resto de la UE en la cumbre extraordinaria convocada en Bruselas. Ante la mirada atenta del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tocará a los representantes de los países del Sur y el Este intentar persuadir a los de los Estados miembros más ricos para que éstos se muestren generosos durante unos años que prometen ser complicados para la Unión.