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Un proceso «carente de transparencia y falto de probidad» acusó empresa que compitió en el proceso. En una acción judicial imputó delitos de prevaricación, falsificación y uso malicioso de documentos públicos

Proyecto Marciano es el nombre de la nueva plataforma secreta que aglutinará las operaciones de ciberseguridad en Chile bajo el Estado Mayor Conjunto (EMCO), asesor del Ministerio de Defensa a cargo de Alberto Espina.

El proceso ya está judicializado, “pues luego de ser convocado y adjudicado en una licitación privada, debe enfrentar una querella por prevaricación, falsificación o uso malicioso de documentos públicos… presentada por uno de los oferentes en contra de EMCO”.

La acción legal, acogida a trámite en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, cuenta que en agosto de 2018, “The Pegasus Group Company S.A., en adelante Pegasus, recibió un correo del Estado Mayor Conjunto… en que se le comunicaba que estaba cordialmente invitada a participar del Proceso de Licitación Privada para la Adquisición de un Centro de Coordinación CSIRT de la Defensa”.

“En el marco de esa licitación, con fecha 6 de noviembre de 2018, en calle San Ignacio de Loyola N° 242, comuna de Santiago, se realizó la entrega de las ofertas por parte de los oferentes y, posteriormente, ese mismo día, el acto de apertura de éstas a cargo del Mayor del Ejército de Chile Christian Hott Schmidt”, relata el libelo.

Al acto de apertura, además de Pegasus, llegaron los ofertantes Everis Chile y Entel. Respecto de ellos -indica la querella- “se realizaron una serie de observaciones a la documentación presentada… los cuales tenían un plazo de tres días hábiles para subsanarlos, o de lo contrario, serían excluidos del proceso licitatorio”, acorde a lo expresado por el mismo Hott.

Posterior a ello, agrega, Pegasus “jamás” fue notificada sobre dichas subsanaciones, por lo que envió una carta al jefe del proyecto, Capitán de Corbeta Roberto Siña Lazo, a fin de aclarar el trámite y compartir la documentación que hubieren aportado las empresas.

“Frente a esta misiva, con fecha 24 de diciembre de 2018, en un acto sin precedentes y completamente fuera de las bases de la licitación, Pegasus recibe una carta del Jefe del Estado Mayor Conjunto, Vicealmirante Rodrigo Álvarez Aguirre, en que se informa que Pegasus ha sido excluido del proceso licitatorio”, añadiendo que la licitación privada ya había finalizado, expresa el texto.

Ello pese a que “la vía oficial para comunicar el término de etapas no es a través de cartas, sino que debe estar enmarcada en el proceso establecido en las bases de licitación y en la legislación aplicable, siendo responsabilidad por lo demás del Jefe de Proyecto”, se arguye, afirmando luego que Álvarez tampoco respondió si las observaciones “habían sido reparadas… lo que a todas luces da cuenta de un proceso carente de transparencia y falto de probidad”.

Finalmente, la imputación pide investigar posibles “incentivos inapropiados” en la adjudicación del proyecto.

La investigación quedó radicada en la Fiscalía Centro Norte, a cargo del persecutor Francisco Jacir.

 

 

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