Enfoque Digital, mayo de 2025.
Una serie de antecedentes divulgados recientemente han vuelto a poner en el centro de la discusión pública el funcionamiento de la industria salmonera en el sur de Chile. En particular, el caso de la empresa Australis Seafoods, actualmente propiedad de la firma china Joyvio, ha adquirido notoriedad tras la publicación de correos internos que, según reportajes de prensa, evidencian posibles irregularidades ocurridas durante años previos.
Antecedentes del caso
La controversia se remonta a hechos ocurridos entre 2016 y 2019, cuando Australis habría producido salmones por sobre los límites legales permitidos en al menos ocho centros de cultivo, ubicados en zonas sensibles del ecosistema patagónico, como la Reserva Nacional Kawésqar y la Reserva Forestal Las Guaitecas. En total, se calcula una sobreproducción superior a las 80 mil toneladas.
En 2022, la propia empresa se autodenunció ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), hecho que derivó en la apertura de cinco procedimientos sancionatorios. Joyvio, actual controladora de la compañía, ha atribuido la responsabilidad a la administración anterior, liderada por el empresario chileno Isidoro Quiroga, e inició un proceso de arbitraje internacional, exigiendo la devolución de los US$921 millones pagados por la compra de Australis, además de US$300 millones adicionales por daños y perjuicios.
Revelaciones recientes
El tema volvió a tomar fuerza este mes tras un reportaje publicado por The Clinic, que accedió a correos electrónicos internos de la empresa. En ellos se sugiere la existencia de un trato preferente con autoridades del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, cuyo objetivo habría sido evitar sanciones por sobreproducción e incumplimiento ambiental. La investigación, a su vez, fue destacada por la organización ambientalista Greenpeace, la que denunció públicamente la situación y llamó al Estado chileno a actuar con firmeza frente a lo que considera un modelo industrial insostenible.
Posición del actual gobierno
Hasta el momento, no ha habido una declaración oficial por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric en relación específica a los antecedentes publicados por The Clinic o a las denuncias realizadas por Greenpeace. No obstante, se ha informado que el Ministerio Público –a través de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Oriente– ha solicitado la formalización de tres exejecutivos de Australis por este caso, en una audiencia que se desarrollará el 15 de enero de 2025.
Fiscalización ambiental en entredicho
El caso ha vuelto a poner en cuestión los mecanismos de fiscalización ambiental en el país. Un informe de la Contraloría General de la República, publicado a fines de 2024, criticó duramente la forma en que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) supervisaba las cifras de producción. Según dicho informe, los datos eran entregados por las mismas empresas mediante hojas de cálculo sin verificación independiente, situación que facilitó la existencia de sobreproducción sin una detección oportuna.
Greenpeace exige mayor protección para la Patagonia
Desde Greenpeace han exigido al Estado chileno la inclusión efectiva de las aguas de la Reserva Nacional Kawésqar en el Parque Nacional del mismo nombre, lo que prohibiría nuevas actividades de salmonicultura en esa zona. Además, han denunciado la existencia de vertederos ilegales asociados a residuos de la industria salmonera, lo que agrava aún más los impactos ambientales denunciados.
Un debate que continúa
Este caso ha reforzado las voces que piden una transformación del modelo de desarrollo de la salmonicultura en Chile, priorizando la protección ambiental y el respeto a las normativas vigentes. Mientras avanza el proceso judicial y se esperan eventuales pronunciamientos de las autoridades, organizaciones sociales, científicas y ambientales continúan exigiendo transparencia, sanciones proporcionales y una fiscalización robusta para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.